Impactante. Sin embargo, al margen de la satisfacción que nos pueda producir el comprobar que caminamos con paso firme hacia una sociedad verdaderamente interconectada – con todo lo que ello implica, sobre todo desde el punto de vista económico y sociolaboral – conviene preguntarse cuál es nuestro verdadero grado de protección en este nuevo ámbito.
Para empezar, los datos son claros e indican una mejora imparable. España, que supera a Holanda (79%), Alemania (74%) y Bélgica (70%), ha mejorado su ratio en un 10% en dos años, pasando del 70% de disponibilidad online en los 20 servicios públicos considerados básicos en 2007 al 80% en 2009. En concreto, España ocupa el puesto número once del ranking, por detrás de Irlanda (83%), de Dinamarca (84%), de Finlandia (89%) y de Estonia (90%).

Mientras tanto, los países más avanzados en Gobierno electrónico, con una cobertura del 100%, son Austria, Portugal, Reino Unido y Malta, seguidos de Eslovenia y Suecia, con un porcentaje del 95%. Sin embargo la mitad aproximadamente de los veintisiete países de la Unión Europea no llega al 75%. En los últimos lugares del ranking se sitúan Rumanía y Grecia. En estos países, de los veinte servicios públicos básicos, el 45% está disponible mediante acceso online, una cifra que se reduce hasta el 40% en el caso de Bulgaria. Resumiendo, buena parte de nuestros datos e informaciones circulan cada vez con mayor intensidad a través de Internet.

Estas cifras exigen más que nunca tener los pies en el suelo e intentar plantearnos con la mayor objetividad posible una serie de interrogantes. ¿Hasta qué punto tenemos conciencia de lo que significa protección en la Red? ¿Tenemos verdadera conciencia de lo que significa protección en el ciberespacio? ¿Hasta qué punto nos hemos planteado lo que significa un ataque de estas características? En otras palabras, si no disponemos de una política de protección de la información que circula por la Red – pero a todos los niveles -, lo más eficaz posible, las repercusiones de un ataque cibernético pueden ser francamente terroríficas para España.

A fines del pasado año por ejemplo, “The New York Times” recordaba que la cibernética presenta desafíos técnicos inmediatos que se complican por el hecho de que “Internet amplía sin esfuerzo las fronteras gubernamentales, tanto locales como nacionales. Por ello, para un delincuente es posible ocultar sus actividades conectándose a otro ordenador por medio de una serie de equipos inocentes, cada uno de ellos conectados a Internet en diferentes continentes, lo que hace que las investigaciones legales se demoren o que incluso sean imposibles de realizar”.